Columna de
opinión
“Tarifoimpuestómetro” y descalabro previsible
Esa especie de “tarifoimpuestómetro” al que parece aferrarse
el gobierno provincial para reducir la fenomenal deuda pública, manejar la
deuda flotante y acomodar el déficit fiscal, lleva a entender que Gustavo
Bordet pareciera abocarse casi exclusivamente a administrar la crisis generada
por una de las peores administraciones que ha tenido Entre Ríos a lo largo de
su historia, a pesar de contar con grandes favores de la Casa Rosada. Decíamos
recientemente que cuando el grifo federal reduzca su auxilio a la provincia,
seguramente se apelaría a un ajuste tan desmedido y despiadado como tantos de
la era Urribarri. El nuevo año trajo sus obsequios ya conocidos: aumento de
tarifas y de impuestos por un lado y manifiesta tacañería anticipada frente a
las próximas paritarias por el otro. Prometer –como lo hizo el gobernador- que
el salario de los agentes no sería variable de ajuste, fue un anuncio
rápidamente diluído por el lenguaje incontrastable de la realidad. Las burdas
explicaciones que buscan justificar el atropello al bolsillo ciudadano, con
galimatías técnicos y gastadas elucubraciones, atentan contra el entendimiento
colectivo. Además, si el Estado empleador castiga a sus agentes en materia
tributaria y luego utiliza esos recursos para el ajuste de sus haberes,
significa que los propios empleados financian sus mejoras. Nuevas tarifas y
gabelas están siendo impugnadas por presuntos vicios de legalidad. La población
debe pagar los platos rotos por los desatinos de un vendedor de humo refugiado
en una banca. El garrochazo de Bordet hacia el macrismo, desorienta al Frente
para la Victoria y nuevas cifras del descalabro financiero confirman un
desastre anunciado. Por Luis María Serroels
Especial para ANALISIS DIGITAL
¿Cuál sería el temor de Gustavo Bordet a revelar la verdadera
situación de las cifras del Estado provincial y consecuentemente atribuír
responsabilidades por errores u omisiones en el manejo de la cosa pública? ¿Es
correcto que estos datos deban buscarse por fuera?
El 16 de enero analizamos declaraciones del ministro de
Economía Hugo Ballay, donde descarnadamente daba cuenta de la colosal deuda
pública, la insuficiencia de recursos para atender los haberes de activos y
pasivos y los acotados plazos en que se deberán cancelar obligaciones (el
festival de letras lanzadas al mercado por el gobierno anterior, que hoy
continúa, tarde o temprano le pasan facturas a las arcas oficiales).
El tarifazo para el consumo dé energía, en una provincia a la
que desde hace tiempo no se le ha tenido compasión al fijarse el costo por
kilovatio, no se detiene. No es lo mismo un incremento del 250 % para el
consumo eléctrico de los pudientes privilegiados de Puerto Madero
(habitualmente subsidiados en los servicios de luz, gas y transporte), a partir
de venir pagando entre 25 y 60 pesos por mes, que un promedio del 35/45 % en la
ya abultada tarifa entrerriana, en un territorio donde se asienta la Represa
Hidroeléctrica Binacional de Salto Grande.
En medio de este latigazo, terció la Defensoría del Pueblo de
Paraná, planteando al secretario de Energía de la provincia, Raúl Arroyo, la
necesidad de analizar el aumento tarifario, requiriéndole datos sobre la
conformación del incremento y pidiendo la realización de una audiencia pública
para debatir el tema.
Sobre esta sensible cuestión, el diputado Gustavo Zavallo
(UNA) denunció que en las facturas de electricidad que recibe el usuario
entrerriano promedio, un 59 % del monto se compone de tasas e impuestos. Según
el legislador, la propia Secretaría de Energía de la Nación consigna en un
informe que Entre Ríos “se ubica a la cabeza en la lista de provincias con
mayor carga impositiva en la energía residencial, trepando al 50 por ciento”.
Zavallo propuso una disminución de esa carga “a fin de atenuar el aumento de la
tarifa de luz (…) se trata básicamente de cuidar el bolsillo de los
entrerrianos”, dijo.
Pero el nuevo impuestazo –del cual aún se desconoce cómo se
traducirá en el rubro Automotor a partir de lo que sucede con el Inmobiliario-,
está siendo impugnado por los diputados del bloque Unión Popular-Frente
Renovador, Alejandro Bahler y Mariela Tassistro, quienes dicen haberse enterado
cuando el hecho estaba consumado.
Advierten –y no es novedad- que en 2015 el gobierno manejó
especulativamente la cuestión impositiva cuidando no poner en peligro sus
chances electorales pero perjudicando las finanzas de la provincia. Está claro
que en esta materia como en las tarifas, el no gradualismo en el manejo de los
ajustes siempre conduce a acumular cargas que terminan depositándose con mayor
dureza sobre los indefensos usuarios. Y peor aún, con un cuadro de depreciación
salarial en el caso de los agentes públicos, librados a la impericia e
insensibilidad gubernamental.
Entienden los legisladores que este ajuste no fue consultado
con su bloque y mucho menos tratado formalmente, porque las sesiones ordinarias
aún no comenzaron. Alguien comentó que en cierto pliegue de la ley de
presupuesto 2016 estaría oculta una autorización urribarrista para efectuar
estos incrementos, pero al margen de cualquier aspecto jurídico, la falta de
criterio y una especie de “abuso preventivo” han quedado certificados. Los
nuevos montos son muy groseros y esta cadena de impuestazos significan para los
gobernados “otra vez sopa”.
Así las cosas, el último fin de semana se dieron
declaraciones que instalan un cambio de rumbo impensado en la estrategia de
Bordet respecto del otrora prosternado Sergio Urribarri ante Cristina
Fernández, que significó un grave retroceso institucional. Y además hubo duros
cuestionamientos del sempiterno diputado del FPV José Allende, hacia el ex
gobernador, por su sed de poder mirando hacia la normalización del
justicialismo (un retardado paso sobre el cual el vicegobernador Adán Bahl
–extrañamente sacado de escena- ha lanzado duras advertencias). Bordet colocó a
Urribarri entre los posibles candidatos para conducir el Consejo Nacional
partidario, pero no faltan quienes recuerdan que se trata de una persona
denunciada penalmente por presuntos actos dolosos (¿es este el paradigma que
necesita el movimiento para superar su crisis?).
Las buenas migas de Bordet con el macrismo -provocadas más
por necesidades perentorias que por afecto y cuya satisfacción resultará
compleja- lo llevaron a expresar que no tendría problemas en apoyar la
propuesta argentina a los fondos buitres. No deja de ser pragmática esta
postura en tanto a los gobernadores les salpicará muy fuerte el resultado
final, tanto en lo bueno como en lo malo.
“Hay acuerdos para asegurar la gobernabilidad. El presidente
necesita llevar sus programas adelante”, dijo el gobernador en un lenguaje que
debe haber erizado la piel de los cistinistas puros. Aunque es bueno recordar
que la escasa muñeca y corto vuelo negociador del inexperto Axel Kicillof hizo
que nuestro país vea elevarse en 6.000 millones de dólares la deuda con los
holdouts. Es que se exhibió una gran prepotencia, como si Argentina fuera la
nación acreedora.
Las picantes declaraciones del diputado Allende dirigidas al
ex gobernador, con duros reproches, no son casuales. Seguramente percibe que su
destinatario se va quedando fuera del esquema político del sucesor y ello lo
lleva a caer en desgracia con riesgos de un desgaste con destino de ocaso.
Si a la situación urticante ante la justicia se agrega el paulatino
avance de un rechazo que se hallaba larvado pero que ahora empieza a asomar,
está claro que quien hasta hace unos meses acumulaba poder soñando con ser
presidente de la nación, hoy no sabe si podrá seguir presidiendo la cámara
baja. Sorprende que Bordet lo avale, porque además el concordiense está
sufriendo el presente griego que le dejó su copoblano.
Es bueno advertir que quien salió a torear a Urribarri,
dispone de riendas adicionales para conducir el carro interno, por su condición
de Secretario General de UPCN, un gremio que aglutina a una buena porción de
agentes estatales. Alguien cercano al ex mandatario chicaneó que Allende
también tendrá que rendir cuentas ante los jueces, pero lo que importa es el
hoy y mal de muchos consuelo de tontos. ¿Quién tendrá el lomo más duro?
El sindicalista observó que “sacando al gobernador somos
todos militantes”, rematando que “los personalismos son los que casi han hecho
que este justicialismo se vea derrotado”. El destino del flechazo es fácilmente
advertible. Apenas días después, desde el Frente Renovador de Entre Ríos se
difundió un extenso, meduloso y preciso informe de sus técnicos contables sobre
la grave situación fiscal de la provincia. El déficit en este rubro que en 2011
fue de 457 millones de pesos, arribó a 2015 con un proyectado de 4.000
millones, porque “se gasta más de lo que recauda”, sintetizan.
Sobre la deuda flotante, indican que al culminar 2007 era de
$ 339 millones, alcanzando los 3.119 millones al finalizar 2014,
desconociéndose aún las cifras de 2015 (la deuda pública consolidada, según
datos oficiales, asciende a 13.000 millones de pesos. En Análisis Digital del
pasado jueves se publica el extenso trabajo sobre el cual el gobierno debería
dar explicaciones y certezas. Este descalabro tuvo como principal artífice a
una persona que se pasó mintiéndole a los entrerrianos hasta ser devorado por
su relato.
Como dijera alguien sabiamente: “¿Quieren saber el tamaño de
una mentira? Muy fácil: midan el largo de la explicación por el ancho de la
excusa”.
