En el Consejo de
Educación alguien se quedó con el vuelto
El financiamiento nacional es clave en
educación.
De cada 100 pesos que el Estado entrerriano dedica a la educación, 82,40% se destina al pago de sueldos de los docentes de las escuelas públicas, y otro 14,48% va a las escuelas públicas de gestión privada, también para el pago de salarios.
De modo que el 96% del presupuesto educativo provincial se los lleva salarios.
Casi todo, entonces, se costea con recursos que envía la Nación.
Pero ahora la Nación no deja tocar un peso de esos fondos hasta que Entre Ríos no explique en qué gastó y cómo gastó los fondos que recibió entre 2013 y 2015.
De cada 100 pesos que el Estado entrerriano dedica a la educación, 82,40% se destina al pago de sueldos de los docentes de las escuelas públicas, y otro 14,48% va a las escuelas públicas de gestión privada, también para el pago de salarios.
De modo que el 96% del presupuesto educativo provincial se los lleva salarios.
Casi todo, entonces, se costea con recursos que envía la Nación.
Pero ahora la Nación no deja tocar un peso de esos fondos hasta que Entre Ríos no explique en qué gastó y cómo gastó los fondos que recibió entre 2013 y 2015.
Claro que la tarea está envuelta en un escándalo que está a
punto de desatarse en Educación: los fuertes cuestionamientos hacia el manejo
de fondos que hubo durante la última gestión de gobierno. Las sospechas,
incluso, apuntan a un uso irregular de fondos públicos.
Durante la gestión de Claudia Vallori al frente del Consejo General de Educación (CGE) hubo un desorden administrativo y financiero que fue reprochado severamente por el Tribunal de Cuentas. Una auditoría que ingresó al CGE el 18 de mayo último marca severos incumplimientos en la rendición de los recursos que enviaba la Nación, tarea que estaba a cargo de Guillermo Garcilazo, como responsable de la Dirección Contable de Programas Nacionales en Educación.
Garcilazo sigue en funciones en el CGE; también Vallori, que ahora es directora de Planeamiento Educativo.
Un dato relevante es que no se rindieron $140.464.266,88 recibidos por la Provincia desde el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). En otros casos, los fondos que la Nación envió para un destino, se ocuparon en otro, totalmente distinto. Al respecto, el Tribunal de Cuentas reprochó la “inmovilización de saldos en las cuentas bancarias de Fondos Nacionales, lo que denota falta de aplicación de los mismos al destino que tiene previsto”.
Pero además se cayó en el ardid de “trasladar” rendiciones de 2013 y 2014 al año 2015, en abierta vulneración de la normativa de la Contaduría General de la Provincia, según advirtió en su informe el Tribunal de Cuentas.
En el oficio N° 313 del año 2016, el Tribunal de Cuenta dice que, luego de evaluar la documentación del CGE, observó falta de “intervención de la Contaduría General de la Provincia en los actos administrativos, por lo que se deduce que se omitieron los controles internos, tanto presupuestarios como financieros”.
También los auditores señalaron la “utilización de fondos provenientes de devoluciones de haberes (incluido el Incentivo Docente) y la falta de su devolución de estos fondos a la Tesorería General de la Provincia”.
Los auditores también relevaron de qué modo se gastó durante las Jornadas Nacionales “2003-2013 Educación, la Década Ganada”, que se desarrollaron entre el 26 y el 27 de mayo de 2013 en Paraná, con la presencia del entonces ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni.
El gasto en ese cónclave fue de $2.123.710,39.
Pero los gastos que se efectuaron en esas jornadas fueron hechos, a criterio del Tribunal de Cuentas, de forma sospechosa: no se rindieron correctamente las comisiones de servicio; no se cumplimentó con el Régimen de Contrataciones “en los pagos de transporte de docentes desde sus ciudades de origen hasta la ciudad de Paraná”; tampoco se respetó ese reglamento “en todo lo referido a los gastos de la organización de las jornadas”.
En una especie de antecedente de la mecánica que, en 2014, se usó en la Cumbre del Mercosur, se ordenó al Consejo de Educación contratar bienes y servicios sin observar los mecanismos de contratación que rigen en el Estado. “Se visualiza en la Rendición que se ´arman´ cotejos de precios de una forma muy evidente, que no cumplen las mínimas formalidades, en los que por ejemplo se visualiza que las compras están direccionadas a una determinada marca como ´Baggio´”, señala el informe.
El Tribunal de Cuentas observa que la firma Stoessel Ingenería cotizó, contratadas para esas jornadas que se desarrollaron en el Club Echagüe, como responsable inscripto por $130.680,00 “y cuando se presentó la factura, la misma es como monotributista”.
“Se deduce que algunas contrataciones fueron realizadas a proveedores sin la estructura necesaria para satisfacer las cantidades que se ofertan, tal es el caso de la compra de viandas a la firma ´Viandas Quatro Fuegos´de 3.500 almuerzos con postre por un total de $87.500, siendo que la misma no tiene personal inscripto según los registros de la ATER; se realiza una contratación al proveedor Formato Urbano –firma que se adjudica a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri—por $74.353,00 agregándose como presupuestos alternativos uno correspondiente a un monotributista que no consigna ni el domicilio del contribuyente”, indica el Tribunal de Cuentas.
La mirada del Tribunal de Cuentas apunta al exresponsable de las cuentas en el CGE, Carlos Mohr, y alcanza al modo cómo el CGE hizo uso de los recursos, provinciales y nacionales, durante los últimos tres años de la gestión Urribarri.
Entre otros puntos, cuestiona que no se hayan respetado “los plazos renditivos”; la presentación “incompleta de Libros Bancos de cada una de las cuentas bancarias del CGE”; el movimiento “discrecional” de los fondos nacionales de una cuenta a otra; y la existencia de “un monto más que abultado de gastos no rendidos, sin que se expresen las causas de tal situación”; y, entre otros, la “no realización de devoluciones a la Tesorería General de la Provincia de los importes que tienen acumulados en cada una de las tres cuentas corrientes de Devolución de Haberes”.
Y, por si fuera poco, el descontrol en el pago de sueldos a los docentes, “y la falta de adopción de medidas correctiva para evitar los pagos en exceso”.
Durante la gestión de Claudia Vallori al frente del Consejo General de Educación (CGE) hubo un desorden administrativo y financiero que fue reprochado severamente por el Tribunal de Cuentas. Una auditoría que ingresó al CGE el 18 de mayo último marca severos incumplimientos en la rendición de los recursos que enviaba la Nación, tarea que estaba a cargo de Guillermo Garcilazo, como responsable de la Dirección Contable de Programas Nacionales en Educación.
Garcilazo sigue en funciones en el CGE; también Vallori, que ahora es directora de Planeamiento Educativo.
Un dato relevante es que no se rindieron $140.464.266,88 recibidos por la Provincia desde el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). En otros casos, los fondos que la Nación envió para un destino, se ocuparon en otro, totalmente distinto. Al respecto, el Tribunal de Cuentas reprochó la “inmovilización de saldos en las cuentas bancarias de Fondos Nacionales, lo que denota falta de aplicación de los mismos al destino que tiene previsto”.
Pero además se cayó en el ardid de “trasladar” rendiciones de 2013 y 2014 al año 2015, en abierta vulneración de la normativa de la Contaduría General de la Provincia, según advirtió en su informe el Tribunal de Cuentas.
En el oficio N° 313 del año 2016, el Tribunal de Cuenta dice que, luego de evaluar la documentación del CGE, observó falta de “intervención de la Contaduría General de la Provincia en los actos administrativos, por lo que se deduce que se omitieron los controles internos, tanto presupuestarios como financieros”.
También los auditores señalaron la “utilización de fondos provenientes de devoluciones de haberes (incluido el Incentivo Docente) y la falta de su devolución de estos fondos a la Tesorería General de la Provincia”.
Los auditores también relevaron de qué modo se gastó durante las Jornadas Nacionales “2003-2013 Educación, la Década Ganada”, que se desarrollaron entre el 26 y el 27 de mayo de 2013 en Paraná, con la presencia del entonces ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni.
El gasto en ese cónclave fue de $2.123.710,39.
Pero los gastos que se efectuaron en esas jornadas fueron hechos, a criterio del Tribunal de Cuentas, de forma sospechosa: no se rindieron correctamente las comisiones de servicio; no se cumplimentó con el Régimen de Contrataciones “en los pagos de transporte de docentes desde sus ciudades de origen hasta la ciudad de Paraná”; tampoco se respetó ese reglamento “en todo lo referido a los gastos de la organización de las jornadas”.
En una especie de antecedente de la mecánica que, en 2014, se usó en la Cumbre del Mercosur, se ordenó al Consejo de Educación contratar bienes y servicios sin observar los mecanismos de contratación que rigen en el Estado. “Se visualiza en la Rendición que se ´arman´ cotejos de precios de una forma muy evidente, que no cumplen las mínimas formalidades, en los que por ejemplo se visualiza que las compras están direccionadas a una determinada marca como ´Baggio´”, señala el informe.
El Tribunal de Cuentas observa que la firma Stoessel Ingenería cotizó, contratadas para esas jornadas que se desarrollaron en el Club Echagüe, como responsable inscripto por $130.680,00 “y cuando se presentó la factura, la misma es como monotributista”.
“Se deduce que algunas contrataciones fueron realizadas a proveedores sin la estructura necesaria para satisfacer las cantidades que se ofertan, tal es el caso de la compra de viandas a la firma ´Viandas Quatro Fuegos´de 3.500 almuerzos con postre por un total de $87.500, siendo que la misma no tiene personal inscripto según los registros de la ATER; se realiza una contratación al proveedor Formato Urbano –firma que se adjudica a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri—por $74.353,00 agregándose como presupuestos alternativos uno correspondiente a un monotributista que no consigna ni el domicilio del contribuyente”, indica el Tribunal de Cuentas.
La mirada del Tribunal de Cuentas apunta al exresponsable de las cuentas en el CGE, Carlos Mohr, y alcanza al modo cómo el CGE hizo uso de los recursos, provinciales y nacionales, durante los últimos tres años de la gestión Urribarri.
Entre otros puntos, cuestiona que no se hayan respetado “los plazos renditivos”; la presentación “incompleta de Libros Bancos de cada una de las cuentas bancarias del CGE”; el movimiento “discrecional” de los fondos nacionales de una cuenta a otra; y la existencia de “un monto más que abultado de gastos no rendidos, sin que se expresen las causas de tal situación”; y, entre otros, la “no realización de devoluciones a la Tesorería General de la Provincia de los importes que tienen acumulados en cada una de las tres cuentas corrientes de Devolución de Haberes”.
Y, por si fuera poco, el descontrol en el pago de sueldos a los docentes, “y la falta de adopción de medidas correctiva para evitar los pagos en exceso”.
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