“Si hay que reducir la rentabilidad de
determinados sectores para que la gente deje de morirse, hay que reducir la
ganancia”, afirmó Luis Meiners
En el marco de la reunión convocada por el
Ministerio de Producción de la provincia, el sociólogo y dirigente de la Red
Ecosocialista, Luis Meiners, dudó sobre las intenciones del gobierno provincial
en la materia. Según Meiners, el llamado del gobierno "reunió a quienes se
benefician de este modelo intensivo de productos para aumentar la
productividad". En esa línea, fue contundente: “Si hay que reducir la
rentabilidad de determinados sectores para que la gente deje de morirse hay que
reducir la ganancia”. Meiners sostuvo que la cuestión de los agrotóxicos
"es un problema de salud no de rentabilidad". El ministerio de la Producción convocó a diversos sectores
para reglamentar y profundizar los controles sobre el uso de agroquímicos en
Entre Ríos, pero la propuesta fue recibida con una “profunda desconfianza”, por
organizaciones ambientales y partidos de izquierda. Meiners precisó que “si
realmente habría seriedad e intenciones de avanzar en un proyecto que regule el
uso de agrotóxicos se debería haber convocado a las poblaciones afectadas, ya
que Entre Ríos tiene comunidades (como San Salvador y Gualeguaychú) con grandes
cantidades de casos de cáncer, es decir, la tasa es más elevada que el promedio
nacional, por lo que hay una situación de emergencia ambiental y de salud
pública”, según publicó Aim Digital.
Además opinó que, si habría voluntad real, el debate de la reglamentación “debería comenzar por la prohibición inmediata de la comercialización y el uso de glifosato, que fue declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un agente cancerigeno”, ya que remarcó que hoy se deja en Entre Ríos “circular por los campos, las calles de las ciudades y los cursos de agua un agrotóxico letal para todos”.
El Estado subordinado a los intereses del capital
El -también- militante del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST)-Nueva Izquierda dejó en claro que “hay dos motivos fundamentales para desconfiar de las intenciones de este gobierno: el primero es que se reúnen con quienes se benefician de este modelo intensivo de productos para aumentar la renta; y, el segundo, es que en la Legislatura hay un proceso que avanza en la materia que no defiende claramente los intereses de la población”, sino de la producción intensiva.
En ese sentido, recordó que si bien se logró frenar el proyecto de los exsenadores Enrique Cresto y Oscar Arlettaz, que habilitaba el uso indiscriminado de agrotóxicos, no se pudo discutir la otra iniciativa del senador Eduardo Melchiori que fue aprobada “con fuertes ambigüedades y tiene puntos muy cuestionables”.
“Se dio media sanción en el Senado a un proyecto que establece un nuevo marco regulatorio del uso de agrotóxicos y nosotros somos críticos de esa iniciativa, porque presenta fuertes ambigüedades y logró pasar a diputados con reformas que atentan contra los intereses de la población”, dijo el profesor universitario. Al respecto, ejemplificó que la propuesta que pasó a Diputados fue reformada en dos artículos fundamentales: el 17 y el 18.
“En el artículo 17 se prohibía la fumigación aérea, pero había excepciones, por lo que nosotros no apoyamos la iniciativa y a eso se sumó que lo aprobado finalmente sustituyó la palabra ‘prohibir’ por ‘restringir”. Otro ejemplo es que el proyecto original establecía una zona de protección de 1.000 metros para la fumigación terrestre, que fue reducido a 500 metros, con la posibilidad de llevarlo hasta 200 metros, de acuerdo a las necesidades productivas”, precisó.
A partir de esos argumentos, el sociólogo reafirmó la sospecha: “cualquier intento de reglamentación que venga de este gobierno genera desconfianza, porque son los mismos que aprobaron estos proyectos de leyes que habilitan el uso de productos de aquellos que se benefician con este modelo productivo”.
Además opinó que, si habría voluntad real, el debate de la reglamentación “debería comenzar por la prohibición inmediata de la comercialización y el uso de glifosato, que fue declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un agente cancerigeno”, ya que remarcó que hoy se deja en Entre Ríos “circular por los campos, las calles de las ciudades y los cursos de agua un agrotóxico letal para todos”.
El Estado subordinado a los intereses del capital
El -también- militante del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST)-Nueva Izquierda dejó en claro que “hay dos motivos fundamentales para desconfiar de las intenciones de este gobierno: el primero es que se reúnen con quienes se benefician de este modelo intensivo de productos para aumentar la renta; y, el segundo, es que en la Legislatura hay un proceso que avanza en la materia que no defiende claramente los intereses de la población”, sino de la producción intensiva.
En ese sentido, recordó que si bien se logró frenar el proyecto de los exsenadores Enrique Cresto y Oscar Arlettaz, que habilitaba el uso indiscriminado de agrotóxicos, no se pudo discutir la otra iniciativa del senador Eduardo Melchiori que fue aprobada “con fuertes ambigüedades y tiene puntos muy cuestionables”.
“Se dio media sanción en el Senado a un proyecto que establece un nuevo marco regulatorio del uso de agrotóxicos y nosotros somos críticos de esa iniciativa, porque presenta fuertes ambigüedades y logró pasar a diputados con reformas que atentan contra los intereses de la población”, dijo el profesor universitario. Al respecto, ejemplificó que la propuesta que pasó a Diputados fue reformada en dos artículos fundamentales: el 17 y el 18.
“En el artículo 17 se prohibía la fumigación aérea, pero había excepciones, por lo que nosotros no apoyamos la iniciativa y a eso se sumó que lo aprobado finalmente sustituyó la palabra ‘prohibir’ por ‘restringir”. Otro ejemplo es que el proyecto original establecía una zona de protección de 1.000 metros para la fumigación terrestre, que fue reducido a 500 metros, con la posibilidad de llevarlo hasta 200 metros, de acuerdo a las necesidades productivas”, precisó.
A partir de esos argumentos, el sociólogo reafirmó la sospecha: “cualquier intento de reglamentación que venga de este gobierno genera desconfianza, porque son los mismos que aprobaron estos proyectos de leyes que habilitan el uso de productos de aquellos que se benefician con este modelo productivo”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario